Portugal se ha beneficiado en años recientes de ser uno de los principales destinos turísticos en Europa y de ofrecer uno de los más atractivos programas de «visados de oro» en el mundo.
Ambos aspectos han sido clave en el modelo que ayudó a su recuperación luego de la crisis económica de 2008 e hicieron que se convirtiera en un modelo de crecimiento.
Sin embargo, el auge turístico y el boom del llamado Visto Gold tienen un rol fundamental en la grave crisis inmobiliaria que actualmente sufre el país, de acuerdo con varios analistas.
Los precios de las viviendas han aumentado de forma drástica a niveles inasequibles para los propios portugueses.
De ahí que la semana pasada el Consejo de Ministros anunció una serie de medidas dentro del programa «Más vivienda» para luchar «contra la especulación de precios en el sector inmobiliario».
Entre los cambios se limitan las licencias de apartamentos para uso turístico y se pone fin a los visados que ofrecían la residencia portuguesa a personas que no fueran de la Unión Europea a cambio de la compra de bienes inmuebles, una fuerte inversión o generación de empleo.
Un programa que según dijo hace algunos meses el propio primer ministro Antonio Costa «ya cumplió la función que tenía que cumplir».
Una solución, un problema
Los programas de «visados de oro», utilizados en todo el mundo para atraer inversión extranjera y ofrecidos en casi toda Europa, suelen favorecer a las personas con mucho capital, que entonces tienen acceso a los beneficios de un país sin la obligación de vivir en él.
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La medida entró en vigor en Portugal en 2012 y desde entonces el país ha recaudado más de US$7.000 millones, dinero que ha sido destinado en un 90% al sector inmobiliario, según el Servicio de Inmigración y Fronteras portugués.
En un estudio de la consultora británica Henley & Partners de 2022, que comparó los programas de visados de oro de más de cuarenta países, Portugal quedó en primer lugar como el que más facilidades ofrecía al inversionista extranjero.
Esto fue aprovechado principalmente por ciudadanos de China que representaron casi la mitad de los poco más de 11.500 permisos de residencia que fueron aprobados.
Pero este beneficio económico no ha estado exento de controversia.
Desde la Unión Europea se ha tratado de restringir estos programas debido al riesgo de que sean utilizados para el blanqueo de dinero, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
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Para la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo se trata de sistemas que son «objetables desde un punto de vista ético, jurídico y económico».
En Portugal, por su parte, son muchas las voces que desde el inicio estuvieron en contra de su implementación al considerar que ofrece más desventajas que beneficios.
En especial por sus efectos en el mercado inmobiliario.
El programa «Más vivienda»
Otras medidas que incluye el programa «Más vivienda», que el primer ministro confía será aprobado el próximo mes gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta su gobierno en el parlamento, está el de la prohibición de nuevas licencias para alquileres vacacionales, a menos que se expidan en lugares rurales sin problemas urbanísticos.
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Sobre las licencias ya concedidas, éstas se revisarán en 2030 para después ser sometidas a evaluaciones periódicas cada cinco años.
En cuanto a las visas que ya fueron otorgadas sólo se podrán renovar si quienes la obtuvieron por la compra de una vivienda habitan en ella, si uno de sus descendientes vive allí o si la ofrecen en el mercado de alquiler a largo plazo.
También está el plan de forzar el alquiler de viviendas desocupadas a través de la intervención del Estado.
Esta opción es la que ha generado más polémica por la función que cumplirá el Estado en la mediación de los alquileres, estableciendo el precio y haciéndose cargo de rentas impagas.
Luis Marques Mendes, abogado y político que fue viceprimer ministro de Portugal y ministro de Asuntos del Parlamento, se mostró en contra de esta medida en su espacio en la Sociedad Independiente de Comunicación.
«Perderán los propietarios, perderán los inquilinos y ganarán los abogados», dijo Marques Mendes quien cree que la medida no prosperará para no «contaminar» un plan general que considera tiene cosas positivas.
No es el primero
Se calcula que el programa «Más vivienda» tendrá un costo de unos US$962 millones para Portugal, que no es el primer país en suprimir su plan de visados dorados.
Hace un año, en febrero de 2022 y ante la inminente amenaza de Rusia de invadir Ucrania, Reino Unido la abolió como parte de una ofensiva «contra la financiación ilícita y el fraude».
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El programa se había establecido en 2008 y su fin se anunció como parte de un nuevo plan de inmigración.
Algo similar a lo que ocurrió la semana pasada en Irlanda, país que desde marzo ya había suspendido el plan para ciudadanos rusos.
El ministro de Justicia, Simon Harris, explicó que cuando se estableció el programa en 2012 fue para «estimular las inversiones» frente a unas «dificultades económicas sin precedentes».
Y que a pesar de haber generado más de US$1.300 millones de inversión llevaban tiempo pensando en eliminarlo.
El fin de los visados de oro también se podría extender a otros países, como España, donde ya se presentó un proyecto de ley en el Congreso para eliminar el régimen de residencia por compra de propiedad.
